Intervención del ciudadano diputado Carlos Ramos
(*).– Ciudadana Segunda Vicepresidenta, señores Diputados: Según nuestra Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, nosotros –y cuando digo nosotros me refiero al Poder Público Nacional, estadal y municipal– tenemos la posibilidad de estimar ingresos y de estimar gastos. Y estas estimaciones, por supuesto, deben ser lo más ajustadas posibles a la realidad, pero al fin y al cabo es una presunción que debe ser valorada, que debe ser tomada muy en cuenta por el ente planificador, en este caso el Poder Público Nacional.
En un Estado como el nuestro, el venezolano, que es grande, que es sumamente grande, y que tiene una tendencia a seguir creciendo con el paso del tiempo, pues es como desproporcionado y resulta como contradictorio el que la Contraloría General de la República tenga exactamente 2.700 empleados, y de ellos menos de 900 son los activos; y cuando nosotros consideramos o sumamos el monto con el que iniciamos el Presupuesto del año 2014, presupuesto para este Ejercicio Fiscal, y vemos que llega o que supera los 552 millones de bolívares, y que le sumamos 217 mil millones de bolívares en créditos adicionales, y que el consolidado a la fecha sin incorporar los créditos adicionales que pudieran ser aprobados en el día de hoy, estaríamos superando los 769 mil millones de bolívares, un monto alto, sumamente alto, y vemos que la Contraloría General de la República dispone en estos momentos, en términos reales, de un presupuesto inferior al que administró o ejecutó en el año 2011.
Por esta razón pienso que si algún órgano, si alguna institución necesita que se le aprueben sus recursos completos, fundamentalmente lo que corresponde a la 4.01 que tiene que ver con sueldos y salarios, es justamente al órgano que ejerce o que aplica el Sistema Nacional del Control Fiscal como es la Contraloría General de la República. No tiene sentido que a mitad de año la Contraloría General de la República deba hacer trámites por ante el Poder Ejecutivo o Legislativo para que pueda completar el dinero suficiente para pagar o asumir los gastos de la partida 4.01 como son sueldos y salarios, y otras partidas, pero me refiero específicamente a esta.
Se supone que la Contraloría General de la República debe tener autonomía suficiente y debe de disponer de recursos suficientes para poder ejercer el control fiscal a un monto tan elevado como este que estoy indicando, que a la fecha supera los setecientos sesenta y nueve mil millones de bolívares.
Se trata de darle poder, de transferirle autonomía a la Contraloría General de la República y eso comienza porque este órgano reciba el dinero necesario y suficiente para llevar adelante todos sus cometidos, todas sus tareas, pero que esta transferencia de recursos le sea aprobada desde el momento en que se apruebe el presupuesto para el ejercicio fiscal subsiguiente y no tenga que darse a través de créditos adicionales.
Repito, formamos parte de un Estado venezolano sumamente grande, posiblemente descomunal, y para ello se necesita también que la Contraloría General de la República tenga autonomía y comience disponiendo de suficiente recursos presupuestarios para que el control fiscal sea el que se necesita, sea el que amerite un Estado grande como el venezolano.
Es todo, ciudadano Presidente y colegas diputados.
